El inicio de un nuevo juicio oral y público por el homicidio de Elva Edith Bogado Riveros volvió a instalar en el centro de la atención pública uno de los casos criminales que mayor conmoción generó en la comunidad de Capiitindy, distrito de Abaí, departamento de Caazapá. A más de cuatro años del hecho, familiares, vecinos y allegados de la víctima mantienen firme su reclamo de justicia y esperan que el proceso judicial concluya con una resolución definitiva.
El nuevo juzgamiento se desarrolla luego de que una instancia superior revocara la sentencia absolutoria dictada durante el primer juicio oral y ordenara la realización de un nuevo debate mediante la figura procesal conocida como reenvío.
De acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa, Elva Edith Bogado Riveros fue asesinada durante la madrugada del 2 de mayo de 2022, en el interior de su vivienda ubicada en la compañía Capiitindy, distrito de Abaí. Según la investigación fiscal, el ataque ocurrió alrededor de las 00:44 y la mujer recibió once heridas producidas con arma blanca, lesiones que le ocasionaron la muerte de manera casi instantánea.
Por este caso se encuentra acusado Crispín Zacarías Ramírez, quien enfrenta cargos por homicidio doloso. El Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para demostrar su participación en el crimen, mientras que la defensa mantiene una postura contraria.
La hipótesis presentada por la Fiscalía señala que el acusado habría ingresado a la vivienda de la víctima durante la madrugada para perpetrar el ataque. Entre las evidencias que serán nuevamente analizadas durante el juicio figuran registros de cámaras de circuito cerrado que, según la acusación, ubicarían al procesado en el lugar y horario coincidentes con los establecidos por la investigación.
La causa también se encuentra vinculada a un contexto de conflictos comunitarios registrados meses antes del crimen. Según los antecedentes mencionados por los investigadores, en marzo de 2022 pobladores de Capiitindy realizaron manifestaciones públicas contra integrantes de la familia Zacarías, a quienes señalaban como presuntos responsables de diversos hechos que generaban preocupación e inseguridad en la comunidad.
Posteriormente, de acuerdo con los datos recogidos durante la investigación, algunas personas que participaron de aquellas movilizaciones habrían sido objeto de amenazas. La acusación sostiene que el asesinato de Elva Edith Bogado Riveros podría guardar relación con ese escenario de tensiones que se vivía en la zona.
Asimismo, en el expediente se menciona que Samuel Zacarías, hermano mayor del acusado, fue remitido en su momento a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo por la supuesta comisión de distintos hechos punibles investigados por el Ministerio Público.
El primer juicio oral por este caso se desarrolló durante el año 2024. En aquella oportunidad, un Tribunal de Sentencia resolvió absolver a Crispín Zacarías Ramírez al considerar que las pruebas presentadas no resultaban suficientes para sustentar una condena penal.
Sin embargo, la decisión fue cuestionada tanto por el agente fiscal José Alberto Núñez como por la Querella Adhesiva, ejercida por el abogado Adán Arévalos. Ambos presentaron recursos de apelación argumentando supuestas deficiencias en la valoración de las pruebas incorporadas durante el debate oral.
Tras analizar los planteamientos formulados por las partes acusadoras, una instancia judicial superior resolvió anular la sentencia absolutoria y dispuso la realización de un nuevo juicio oral y público, con el objetivo de que otro tribunal examine nuevamente los elementos probatorios y dicte una nueva resolución.
El nuevo proceso comenzó el pasado 8 de junio de 2026 ante el Tribunal de Sentencia de Caazapá, integrado por los magistrados Claudio Villalba, Blanca Tillería y Mirian Argüello.
Durante las próximas jornadas, tanto el Ministerio Público como la Querella Adhesiva presentarán nuevamente testimonios, informes periciales, documentos y demás evidencias reunidas durante la etapa investigativa. La acusación sostiene que dichos elementos permiten acreditar la responsabilidad penal del procesado más allá de toda duda razonable.
Mientras avanza el juicio, familiares de Elva Edith Bogado Riveros continúan acompañando de cerca cada etapa del proceso. A ellos se suman numerosos vecinos de Capiitindy que consideran este caso como un símbolo de la lucha por el acceso a la justicia y el esclarecimiento de hechos violentos ocurridos en la comunidad.
La expectativa de los allegados a la víctima es que el nuevo debate oral permita esclarecer definitivamente lo ocurrido aquella madrugada de mayo de 2022 y que la resolución judicial que finalmente se dicte contribuya a cerrar uno de los capítulos más dolorosos que recuerda la comunidad.
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