CAAZAPÁ. La mediación de la Iglesia Católica y el trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) permitieron avanzar en la regularización de tierras en varios asentamientos del departamento de Caazapá. Así lo destacaron durante una reunión mantenida entre el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, el obispo de Caazapá, monseñor Marcelo Benítez, y representantes de comunidades campesinas.
Durante el encuentro, las autoridades abordaron la situación de diversos asentamientos rurales que enfrentan problemas relacionados con la tenencia de la tierra y la falta de títulos de propiedad, una situación que históricamente ha generado conflictos entre pobladores y dificultades para acceder a la seguridad jurídica.
Ruiz Díaz recordó que uno de los casos más complejos fue el del asentamiento Santa Teresa Manduará, donde existían conflictos internos derivados de irregularidades administrativas que se arrastraban desde el año 2015.
Explicó que, ante la delicada situación, el Indert recurrió a la mediación de la Iglesia Católica debido a la credibilidad y confianza que mantiene entre las comunidades campesinas.
“Gracias al acompañamiento de la Iglesia y al diálogo con los pobladores pudimos resolver una situación que amenazaba con profundizar los conflictos. Actualmente estamos preparando alrededor de 420 títulos para esa comunidad”, señaló.
El titular del Indert recordó que el presidente de la República, Santiago Peña, ya entregó los primeros diez títulos de propiedad a familias del asentamiento y adelantó que los restantes documentos se encuentran en proceso de inscripción en los registros públicos.
Según indicó, la expectativa es que en aproximadamente un mes se concrete una entrega masiva de títulos, otorgando seguridad jurídica a cientos de familias y evitando futuros enfrentamientos.
Nuevo proceso en Tava’i
Otro de los temas abordados fue la situación del asentamiento Santa María de la Esperanza, ubicado en el distrito de Tava’i, cuyos representantes solicitaron la intervención de la Iglesia para facilitar el diálogo con el Indert.
Los pobladores llegaron hasta la sede episcopal acompañados por el sacerdote Humberto, donde expusieron sus inquietudes respecto a la regularización de las tierras que ocupan.
Ruiz Díaz anunció que en los próximos quince días se pondrá en marcha un plan de acción para avanzar en el proceso de regularización.
Indicó que equipos técnicos realizarán trabajos de campo y estudios documentales para determinar la situación jurídica y física de las propiedades, estimándose que alrededor de 285 familias podrían beneficiarse con el proceso.
“El objetivo es otorgar seguridad jurídica a los ocupantes y garantizar que las familias puedan desarrollar sus actividades productivas con tranquilidad”, afirmó.
La Iglesia apuesta al diálogo y la paz social
Por su parte, monseñor Marcelo Benítez destacó el rol que viene desempeñando la Iglesia en la mediación de conflictos relacionados con la tierra.
Manifestó que la prioridad es acompañar a las comunidades campesinas para que puedan acceder a la regularización de sus propiedades y vivir en un ambiente de paz.
“La Iglesia está muy interesada en que los campesinos estén en su propia tierra, con tranquilidad y seguridad. Nuestro compromiso es acompañar estos procesos para que las soluciones lleguen por la vía del diálogo y dentro del marco legal”, expresó.
El obispo también valoró la apertura mostrada por el Indert para trabajar de manera coordinada y recordó que en el departamento existen otros asentamientos con situaciones similares que requerirán atención en los próximos meses.
Asimismo, pidió paciencia a las comunidades involucradas, señalando que muchos de los problemas actuales derivan de irregularidades acumuladas durante años, incluyendo superposición de títulos, conflictos administrativos y disputas judiciales.
Regularización como herramienta de desarrollo
Durante la reunión, Ruiz Díaz resaltó que uno de los principales desafíos del Estado es transferir efectivamente la propiedad de las tierras a las familias campesinas.
Afirmó que históricamente gran parte de las tierras adquiridas en el marco de la reforma agraria permanecieron a nombre de la institución y no fueron tituladas a favor de los beneficiarios.
“El objetivo es que los campesinos tengan seguridad jurídica y puedan trabajar la tierra con tranquilidad, generar producción y mejorar su calidad de vida”, sostuvo.
Finalmente, tanto la Iglesia como el Indert coincidieron en que la regularización de la tenencia de la tierra constituye una herramienta fundamental para reducir conflictos sociales, fortalecer la producción rural y promover el desarrollo sostenible en las comunidades campesinas del departamento de Caazapá y otras regiones del país.
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