
La institución recordó las prohibiciones vigentes bajo la Ley 5476/2015 y la nueva Resolución SDCU N.° 162/2026. Los comercios no pueden recargar precios por compras con tarjeta de crédito o débito en comparación al efectivo.
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) emitió un informe aclaratorio dirigido a la ciudadanía sobre las condiciones de uso de tarjetas de crédito y débito en establecimientos comerciales, recordando el marco legal vigente ante recurrentes denuncias por exigencias de montos mínimos de compra o recargos porcentuales.
Desde la institución recalcaron que la Ley N.° 5476/2015 establece pautas estrictas de transparencia que impide a los comercios fijar precios superiores o aplicar comisiones extra a los consumidores que opten por abonar con plásticos en lugar de efectivo.
El organismo advirtió que constituye una irregularidad informarle al cliente sobre estas exigencias recién al momento de abonar en caja.
EXCEPCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA DENUNCIA
A través de la Resolución SDCU N.° 162/2026, que reglamenta la citada normativa, la Sedeco detalló que la única excepción a la prohibición de recargos aplica a los cobros efectuados por el Estado. Esto abarca el pago de impuestos, tasas, cánones, contribuciones u otros ingresos públicos, siempre que las operaciones no posean fines comerciales o de lucro. En todos los demás casos, el precio ofertado al público debe ser respetado sin discriminación por el medio de pago utilizado.
Ante situaciones en las que se vulneren los derechos del usuario mediante el cobro de recargos (como el habitual 10 % extra) o la exigencia de montos mínimos (como compras desde G. 20.000), la entidad fiscalizadora recomendó seguir estos pasos para formalizar el reclamo:
- Fotografiar las evidencias: Tomar capturas o fotos del cartel donde se indique el cobro extra o el monto mínimo exigido.
- Guardar los comprobantes: Conservar facturas, tickets de caja o comprobantes de la transacción.
- Formalizar la denuncia: Presentar el caso ante la Sedeco aportando los soportes colectados para iniciar el proceso de fiscalización y sanción al comercio.







