
El viceministro de Trabajo, César Segovia, advirtió que una eventual ampliación de la huelga médica iniciada este lunes deberá cumplir rigurosamente con los plazos y requisitos de ley. La autoridad detalló además que, tras el fracaso de la mesa tripartita por un reclamo salarial, el Gobierno monitoreará el cumplimiento de los servicios mínimos en el sector de la salud.
Respecto al desarrollo de la medida y los rumores surgidos durante las movilizaciones sobre una eventual extensión indefinida, la autoridad aclaró que no se trata de una simple decisión del momento.
La normativa exige la realización de una asamblea con voto secreto, la correspondiente comunicación al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud y al juez laboral de turno, además de un plazo mínimo de diez días para convocar a audiencias entre las partes antes de concretar la medida.
En conversación con la radio 780 AM, remarcó que, si bien la medida actual de cinco días cumplió con todas las formalidades con la debida antelación, sumando la adhesión de anestesiólogos y gremios del interior, cualquier nueva acción requerirá transitar nuevamente por el mismo proceso legal.
Al abordar las negociaciones tripartitas que concluyeron sin acuerdo, el viceministro destacó que existieron avances significativos en el ámbito de la desprecarización laboral.
Ante el reclamo sindical por la alta cantidad de personal contratado frente a solo 495 nombramientos en el periodo 2026, el Gobierno propuso nombrar a la totalidad de los profesionales en lista de elegibles del último concurso, beneficiando a unos 2.000 médicos. Sin embargo, no se concretaron propuestas definitivas para los requerimientos planteados por el sector con miras al ejercicio 2027.
El principal punto de estancamiento que derivó en el cierre de las negociaciones fue el reajuste salarial. La representación sindical argumentó una pérdida del poder adquisitivo, señalando que la relación del salario respecto al mínimo cayó de 2.8 en 2012 a 1.6 en la actualidad, por lo que solicitaron aumentar el pago por vínculo de 12 horas de 5 a 8 millones de guaraníes. Desde la cartera del Trabajo se rechazó la pretensión por considerarla inviable.
Segovia se refirió a la garantía de los servicios públicos imprescindibles que exige la legislación en el área de salud. Informó que el Ministerio de Salud emitió una resolución delimitando las áreas de cobertura obligatoria más allá de las urgencias básicas, postura amparada en la Ley de la Carrera Civil.
Por su parte, el gremio médico ratificó su postura de cubrir únicamente las urgencias y casos con riesgo vital, dejando sentado en acta su desacuerdo y reservándose el derecho de recurrir dicha disposición por la vía administrativa.







