Apuntan a mantener en 10 años la pena máxima para adolescentes que cometan crímenes
La discusión sobre las sanciones aplicables a adolescentes infractores vuelve a instalarse en el Congreso Nacional. Esta vez, la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados recomendó ratificarse en la versión que fija en 10 años la pena máxima de privación de libertad para menores de edad responsables de hechos punibles calificados como crímenes.
La propuesta se encuentra actualmente en su cuarto trámite constitucional y surge en medio del debate generado tras el asesinato de María Fernanda, caso que volvió a poner en el centro de la discusión la responsabilidad penal adolescente y los límites establecidos por la legislación vigente.
Actualmente, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece un máximo de ocho años de privación de libertad para adolescentes infractores. Sin embargo, durante el estudio de la iniciativa surgieron dos posturas: mientras la Cámara de Senadores aprobó elevar ese límite a 15 años, Diputados optó por una posición intermedia y planteó fijarlo en 10 años.
La Comisión de Niñez y Adolescencia, presidida por la diputada Dalia Estigarribia, respaldó esta última postura y recomendó a la plenaria mantener la versión aprobada por la Cámara Baja.
DEBATE SOBRE LAS SANCIONES
Los impulsores de la modificación argumentan que en los últimos años aumentaron las causas penales que involucran a adolescentes de entre 14 y 18 años, incluyendo hechos de gran impacto social, lo que motivó el planteamiento de revisar las sanciones actualmente vigentes.
Según la exposición de motivos, si bien las políticas de prevención y reinserción continúan siendo fundamentales, existe una creciente percepción ciudadana de que las penas aplicadas a menores infractores resultan insuficientes frente a determinados delitos.
El proyecto también menciona factores sociales y familiares que podrían incidir en el incremento de la criminalidad adolescente, como la falta de acompañamiento familiar, la escasa supervisión de los jóvenes y otras problemáticas vinculadas al entorno social.
LO QUE PLANTEA EL PROYECTO
La modificación propuesta mantiene la duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años para los hechos punibles en general. La principal diferencia radica en los casos considerados crímenes, donde se busca ampliar el tiempo máximo de privación de libertad.
Mientras el Senado plantea un límite de 15 años, la Cámara de Diputados sostiene que el tope debe quedar establecido en 10 años.
Con esta recomendación, el proyecto vuelve a quedar listo para su tratamiento en el pleno de Diputados, instancia en la que se definirá si la Cámara se ratifica en su postura o acepta los cambios introducidos por el Senado.
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